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Normativa jurídica sobre acceso
 
Constitución Española. Artículo 105-b

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el Derecho al Honor, a la intimidad, personal y familiar y a la propia imagen (BOE nº 115, 14/05/1982) 

Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Artículos 57.1.a y c y 62

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.   Artículos 35 y 37  

Ley 12/1989, de 9 de Mayo de 1989, de la Función Estadística Pública. Artículos 13, 15 y 19  

Ley Orgánica 15/1999Este enlace se abrirá en una ventana emergente , de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, 14/12/1999)

Real Decreto 1720/2007Este enlace se abrirá en una ventana emergente , de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
 
Legislación autonómica
Ley 6/1991. de 19 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León. Artículos 20, 21 y 22
Decreto 115/1996. de dos de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema de Archivos de Castilla y León. Artículo 44
 

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ConstituciónEspañola


Art. 105-b: La ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.


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Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español


Art.57: La consulta del Patrimonio Documental Español se atendrá a las siguientes reglas:

a) Con carácter general, tales documentos, concluida su tramitación depositados y registrados en los Archivos centrales de las correspondientes entidades de Derecho Público, conforme a las normas que se establezcan por vía reglamentaria, serán de libre consulta, a no ser que afecten a materias clasificadas, de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales o no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa de la Ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y defensa del Estado o la averiguación de los delitos.

b) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cabrá solicitar autorización administrativa para tener acceso a los documentos excluidos de consulta pública. Dicha autorización podrá ser concedida, en los casos de documentos secretos o reservados, por la autoridad que hizo la respectiva declaración, y en los demás casos, por el jefe del departamento encargado de su custodia.

c) Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años a partir de la fecha de los documentos.
 
Art.62: La Administración del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos españoles a los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, sin perjuicio de las restricciones que, por razón de la conservación de los bienes en ellos custodiados o de la función de la propia institución puedan establecerse.

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Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común


Art.35 Derechos de los ciudadanos: los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos:

h) El acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la Constitución y en ésta u otras leyes.
 
Art.37 Derecho de acceso a Archivos y Registros:

1 Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de solicitud.

2 El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a éstas, que , en el supuesto de observar que tales datos figuran incompletos o inexactos, podrán exigir que sean rectificados o completados, salvo que figuren en expedientes caducados por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos máximos que determinen los diferentes procedimientos, de los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno.

3 El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo.

4 El ejercicio de sus derechos que establecen los apartados anteriores podrá ser denegado cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una Ley, debiendo, en estos casos, el organismo competente, dictar resolución motivada.

5 El derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto a los siguientes expedientes:

5.1 Los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno y de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus derechos constitucionales.
 
5.2
Los que contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del Estado.
 
5.3
Los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de los derechos libertad de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.
 
5.4
Los relativos a materias protegidas por el secreto industrial y comercial.
 
5.5
Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria.
 

6 Se regirán por sus disposiciones específicas:

6.1 El acceso a los archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.
 
6.2 El acceso a documentos y expedientes que contengan datos sanitarios personales de los pacientes.
 
6.3 Los archivos regulados por la legislación del régimen electoral.
 
6.4 Los archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la función estadística pública.
 
6.5 El Registro Civil y el Registro Central de Penados y Rebeldes y los registros de carácter público cuyo uso esté regulado por una ley.
 
6.6 El acceso a los documentos obrantes en los archivos de las Administraciones Publicas por parte de las personas que ostenten la condición de Diputado de las Cortes Generales, Senador, miembro de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma o de una Corporación Local.
 
6.7 La consulta de fondos documentales existentes en Archivos Históricos .
 

7 El derecho de acceso será ejercido por los particulares de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos debiéndose, a tal fin, formular solicitud genérica sobre materia o conjunto de materias. No obstante, cuando los solicitantes sean investigadores que acrediten un interés histórico, científico o cultural relevante, se podrá autorizar el acceso directo de aquellos a la consulta de los expedientes, siempre que quede garantizada debidamente la intimidad de las personas.

8 El derecho de acceso conllevará el de obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas.

9 Será objeto de periódica publicación la relación de los documentos obrantes en poder de las Administraciones Públicas sujetos a un régimen especial de publicidad por afectar a la colectividad en su conjunto y cuantos otros puedan ser objeto de consulta por los particulares.

10 Serán objeto de publicación regular las instrucciones y respuestas a consultas planteadas por particulares u otros órganos administrativos que comporten una interpretación del derecho positivo o de los procedimientos vigentes que puedan ser alegadas por los particulares en sus relaciones con las Administraciones.
 

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Ley 12/1989, de 9 de Mayo de 1989, de la Función Estadística Pública


Artículo 13.

Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico los datos personales que obtengan los servicios estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas.
 
2. Se entiende que son datos personales los referentes a personas físicas o jurídicas que o bien permitan la identificación inmediata de los interesados, o bien conduzcan por su estructura, contenido o grado de desagregación a la identificación indirecta de los mismos.
 
3. El secreto estadístico obliga a los servicios estadísticos a no difundir en ningún caso los datos personales cualquiera que sea su origen.
 
Artículo 15

1.
La comunicación a efectos estadísticos entre las Administraciones y organismos públicos de los datos personales protegidos por el secreto estadístico sólo será posible si se dan los siguientes requisitos, que habrán de ser comprobados por el servicio u órgano que los tenga en custodia:


a)
Que los servicios que reciban los datos desarrollen funciones fundamentalmente estadísticas y hayan sido regulados como tales antes de que los datos sean cedidos.

b) Que el destino de los datos sea precisamente la elaboración de las estadísticas que dichos servicios tengan encomendadas.

c) Que los servicios destinatarios de la información dispongan de los medios necesarios para preservar el secreto estadístico.
 

2. La comunicación a efectos no estadísticos entre las Administraciones y organismos públicos de la información que obra en los registros públicos, no estará sujeta al secreto estadístico, sino a la legislación específica que en cada caso sea de aplicación.
 
Artículo 19

1.
La obligación de guardar el secreto estadístico se iniciará desde el momento en que se obtenga la información por él amparada.

2. La información a que se refiere el apartado anterior no podrá ser públicamente consultada sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años a partir de la fecha de su obtención.

3. Excepcionalmente, y siempre que hubieran transcurrido, al menos, veinticinco años desde que se recibió la información por los servicios estadísticos, podrán ser facilitados datos protegidos por el secreto estadístico a quienes, en el marco del procedimiento que se determine reglamentariamente acrediten un legítimo interés.

4. En el caso de los datos relativos a personas jurídicas, las normas reglamentarias, atendidas las peculiaridades de cada encuesta, podrán disponer períodos menores de duración del secreto, nunca inferiores a quince años.
   

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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA


Ley 6/1991. de 19 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León


Art.20:
Todos los ciudadanos tienen derecho a la consulta libre y gratuita de los documentos integrantes de I Patrimonio Documental de Castilla y León con fines de estudio e investigación o de información para la defensa de sus derechos o el conocimiento de sus obligaciones, siempre que concurran las condiciones que para su consulta pública establezca la presente ley y las normas que la desarrollen.

Art.21: La consulta pública de los documentos que integren el Patrimonio Documental de Castilla y León conservados en los archivos públicos y privados de uso público, se regirá por las siguientes normas:

a) Con carácter general, y sin prejuicio del cumplimiento de las condiciones de seguridad que se establezcan reglamentariamente, los documentos históricos y aquellos otros que, concluida su tramitación administrativa, se encuentren depositados y registrados en los Archivos Centrales de las correspondientes Entidades de Derecho Público, serán de libre consulta para todos los ciudadanos. La denegación o tramitación de este derecho y en las circunstancias previstas en los apartados siguientes deberán producirse moteadamente y por escrito.
 
b) Cuando los documentos contengan información de cualquier índole cuyo conocimiento pueda afectar a la seguridad de las personas físicas, a la averiguación de los delitos, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar o a su propia imagen, no podrán ser consultados públicamente sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que hayan transcurrido cincuenta años desde su fallecimiento, si la fecha es conocida, o, en caso contrario, cien años a partir de la fecha de los documentos. No se permitirá la consulta pública de aquellos documentos que afecten a materias de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales o que contengan información cuya difusión puedan entrañar riesgos par la defensa y seguridad del Estado o para intereses esenciales de la Comunidad Autónoma, hasta transcurridos cincuenta años a partir de la fecha de los citados documentos, sin perjuicio de lo previsto en las normas sobre secretos oficiales que les sean de aplicación. No obstante, cabrá solicitar autorización administrativa para tener acceso a los documentos excluidos de consulta pública, pudiendo dicha autorización ser concedida por la autoridad que hizo la respectiva declaración en los casos de documentos secretos y reseñados, y por el jefe del departamento encargado de su custodia en los demás casos.
 
Art.22.: Los titulares de archivos privados que no sean de uso público habrán de permitir la consulta de la documentación histórica por los investigadores, previa solicitud razonada de éstos. Los titulares establecerán discrecionalmente y comunicarán a la Consejería de Cultura y Bienestar Social las circunstancias generales de dicha consulta, que en todo caso estará garantizada, con las limitaciones que se deriven de la legislación reguladora del derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
 

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Decreto 115/1996. de dos de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema de Archivos de Castilla y León


Art.44: Régimen de acceso a los Archivos Centrales y Territoriales. Los Archivos Centrales y Territoriales ofrecerán los servicios de consulta, préstamo y reproducción de documentos en los siguientes términos:
 
a) Será enteramente libre la consulta, préstamo o reproducción de documentos para las unidades administrativas o entidades institucionales que hayan remitido la documentación.
 
b) En el caso de que cualquier otro sujeto solicitara el acceso a la documentación conservada en los Archivos Centrales y Territoriales, dicho acceso será regulado por la normativa vigente al respecto.

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