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008.- La Unesco toma cartas para resolver la legalidad del aparcamiento de los Tilos.

23/12/2009

La Unesco toma cartas para resolver la legalidad del aparcamiento de los Tilos
23.12.09 - 00:56 - CÉSAR BLANCO | SEGOVIA.

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios acelerará estas navidades el estudio del futuro 'parking'.Una profesora de la Universidad de Burgos dirige la evaluación del proyecto.Al final la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) no se ha ido tan lejos como barruntaba el alcalde de Segovia para evaluar el impacto que puede tener el aparcamiento que prevé construir el Ayuntamiento en el talud del Paseo del Salón. Con todo su respeto por la institución internacional, Pedro Arahuetes dudó el lunes, ante los micrófonos de Punto Radio, de que un experto de «Etiopía o Singapur» tuviera la capacidad y el conocimiento suficientes como para elaborar un estudio sobre el proyecto del subterráneo y sus efectos en el casco histórico de la ciudad.
La encargada de acometer dicho informe es Begoña Bernal, una profesora de la Universidad de Burgos. La experta española es la responsable elegida para recopilar, recabar y analizar la documentación sobre la futura infraestructura, tal y como ha apuntado el Comité Nacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos). Esta entidad no gubernamental tiene, entre otras misiones, afianzar ante la Unesco su papel de consejero técnico, especialmente en el campo de la elaboración de la Lista del Patrimonio Mundial. Asimismo, el ente asume y se convierte en garante del seguimiento de los bienes inscritos en dicha relación.
Una vez acabadas las clases en la universidad, Bernal ha asegurado a EL NORTE DE CASTILLA que aprovechará estas fechas navideñas para intensificar su investigación sobre la viabilidad de la iniciativa del aparcamiento del Salón, que el Ayuntamiento de la ciudad ha dado en denominar de los Tilos. La docente tiene previsto desplazarse a Segovia para estudiar el escenario sobre el terreno.
Dos meses de trabajo
A tenor de experiencias e informes anteriores, la especialista designada por el Icomos estima que las conclusiones sobre el proyecto pueden estar extraídas en dos meses, siempre que el Consistorio colabore totalmente en la entrega de la documentación requerida.
Cabe recordar que este estacionamiento de pago tendría una capacidad para 350 plazas. Su ejecución está necesariamente condicionada al visto bueno que otorgue la Consejería de Fomento de la Junta al Plan Especial de Infraestructuras impulsado por el equipo socialista de Gobierno municipal y que ya fue ratificado en un Pleno celebrado en noviembre pasado.
A las denuncias formuladas contra el proyecto por parte de asociaciones cívicas y sociales defensoras del patrimonio y de grupos políticos como Izquierda Unida se ha unido ahora la decisión de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Administración autonómica de remitir el expediente del aparcamiento al Comité de Patrimonio Mundial dependiente de la Unesco.
Begoña Bernal considera que la evaluación de la que se hace cargo es fundamental «antes de que el proyecto vaya a más». De esta forma defiende la intervención de la organización internacional como salvaguarda de la protección del patrimonio mundial. Además, recuerda que debería de haber sido el propio Ayuntamiento de la ciudad el que tenía que haber solicitado dicho informe. La experta está prácticamente segura de que el Consistorio ha omitido la evaluación de la Unesco.
La experiencia de otros casos acaecidos en urbes honradas con el título de Patrimonio Mundial lleva a la profesora de la Universidad de Burgos a vaticinar que este tipo de estacionamientos subterráneos «conllevan múltiples problemas contra el patrimonio», lo que no quiere decir que el proyecto impulsado por el Ayuntamiento segoviano entre dentro de este patrón de irregularidades.
La especialista hace hincapié en que la polémica del aparcamiento del Salón trasciende el ámbito de la protección patrimonial o medioambiental. Se trata de un asunto legal, concluye la docente al preguntarle por las consecuencias de un posible informe desfavorable. Begoña Bernal explica que, en el año 1982, el Estado firmó la Convención del Patrimonio Mundial, cuyas reglamentaciones y directrices han de cumplirse ya que «forman parte del ordenamiento jurídico». Sin embargo, muchos ayuntamientos «se lo saltan a la torera».

Fuente: Norte de Castilla

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