En la actualidad, cada dos segundos una persona es obligada a huir de su hogar por conflictos, persecuciones y/o causas medioambientales, entre otras. ACNUR (2019) cifra en 70,8 millones, el número de personas que se han visto obligadas a abandonar su lugar de residencia contra su voluntad. La mayoría de estas personas (41,3 millones) ni siquiera llegan a abandonar su país (constituyen el grupo de los denominados desplazados internos) y, aquellas que lo hacen, tienden a permanecer en los Estados colindantes. Tan solo el 26% del total de personas desplazadas en busca de refugio lo hace en países ricos y desarrollados (ACCEM, 2020).
Un solicitante de asilo es “quien solicita el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada de forma definitiva. Los sistemas nacionales de asilo existen para determinar si las personas que solicitan asilo merecen protección internacional”. ACNUR (2019). En los Estados Miembros de la UE, tan solo 580.000 personas solicitaron asilo/protección internacional (2018), como consecuencia, en gran medida, al blindaje de las fronteras europeas desde el año 2015. De éstas, solo el 37% ha recibido una resolución favorable. El cierre de fronteras también lleva a que un importante número de personas tengan que recurrir a las mafias para cruzar la frontera y que cada año miles de personas mueran intentándolo. En 2018, 2.299 personas perdieron la vida en la que se ha convertido la frontera más mortal del mundo: el Mediterráneo.
En el caso español, durante el 2019 se han recibido un total de 118.264 solicitudes de asilo (EUROSTAT, 2019), convirtiéndose en el segundo país de la UE con mayor número. Los principales países de procedencia de solicitantes de asilo son Venezuela (40.906), Colombia (29.363) y Honduras (6.792). Madrid ha sido la comunidad con más solicitantes recibidos en 2019, a la que le siguen Barcelona, Valencia, Melilla y Málaga. Castilla y León ha recibido 1.307 solicitantes de asilo. De todas estas solicitudes solo el 5% han sido resueltas de forma favorable a nivel nacional y 39.776 venezolanos han recibido protección por razones humanitarias (CEAR, 2019). Muchas de estas personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional recurren a los programas de acogida estatales que, en la actualidad, tienen una capacidad limitada para unas 9.000 personas.
Ante esta situación, la Universidad de Burgos no puede permanecer indiferente. Por ello, además de las implicaciones individuales de las personas integrantes de la comunidad universitaria, la Universidad como institución debe poner su potencial de recursos, tanto de conocimientos, como humano, a disposición de las personas beneficiarias de protección internacional para facilitar una mejora en sus condiciones de vida.
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