La información electrónica fluye instantáneamente sin fronteras, mientras que los sistemas de derecho penal se topan constantemente con ellas. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley generalmente deben buscar y tomar evidencia digital en los servicios basados en la red, ya que los datos de comunicaciones, los servicios en la nube, etc. a menudo se almacenan fuera del Estado investigador.
La naturaleza transfronteriza de las investigaciones que involucran evidencia electrónica ha impulsado iniciativas recientes lanzadas por la Unión Europea y los Estados Unidos. Se abre un debate vibrante sobre las mejores formas de garantizar un acceso legal a dichos datos. Por un lado, surgen serias preocupaciones sobre las implicaciones para los problemas de privacidad. Por otro lado, los límites jurisdiccionales y la adecuación de los instrumentos de asistencia legal mutua están en cuestión.
Estos desarrollos abordan un nuevo desafío: a los proveedores de servicios en línea se les asigna un papel crucial dentro del sistema de derecho penal, cuestionando cuán lejos pueden llegar los esquemas contemporáneos de ejecución penal al establecer sus deberes de colaboración.
Fecha: 6 de febrero de 2020.
Lugar: Universidad de Oxford.
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