Apuesta por la convivencia

Miguel Ángel Iglesias, nuevo Defensor Universitario de la UBU, ha tomado posesión de su cargo ante el rector y el secretario general

Con la misión de “velar por el respeto de los derechos y libertades del profesorado, estudiantado y personal técnico, de gestión y de administración de servicios”, tal y como recoge la LOSU y la propia normativa de la UBU, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Burgos Miguel Ángel Iglesias Río, ha tomado hoy posesión de su cargo como nuevo Defensor Universitario, en relevo de Julia Arcos Martínez.

Guiado por los principios de independencia, autonomía y confidencialidad, asegura que su actuación debe responder “a un espíritu de cercanía y desburocratización, siempre compatible con el respeto a exigencias procedimentales garantistas esenciales”, puntualiza, y destaca que, pese a carecer de capacidad resolutiva, “la figura del Defensor tiene una alta significación simbólica y representativa”, la cual persigue promover en la comunidad universitaria la cultura de la ética y la corresponsabilidad, “así como espacios de convivencia, con autoridad moral (y no con poder) y sentido de la justicia (y no necesariamente a través de la coercitividad de las leyes)”. En la misma línea, el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García Pérez, ha resaltado la “relevancia moral de esta figura, que muchas veces está por encima de las propias normas”, así como el trabajo “callado y discreto” que supone el desempeño de este puesto, “sin reconocimientos”, lo que lo convierte en “especialmente relevante” en el ámbito universitario.

Entre los principales objetivos a alcanzar en los seis años en los que ostentará su nuevo cargo, Iglesias ha apuntado la necesidad de promover también el “estímulo y reconocimiento del trabajo bien hecho y aplaudir la vocación de servicio al interés general”, así como la de fomentar la visibilidad de la Oficina de la Defensoría, -con el año 2027 como un hito en esta labor al cumplirse el vigésimo aniversario de su creación- la cual quiere fortalecer con una “verdadera estructura organizativa,  lo que exige el nombramiento de un Defensor adjunto, figura, por otra parte, existente en la gran mayoría de las universidades”, añade.

Su intención también es fortalecer de forma flexible cualquier cauce de comunicación y acceso, y considera que, para ello, es imprescindible elaborar protocolos unificados que sirvan para centralizar la recepción de las consultas y reclamaciones, así como clarificar de qué manera deben presentarse.

Con el estudiantado en el centro, el nuevo Defensor pretende articular una guía de buenas prácticas en los procesos de evaluación y sugiere la revisión de las líneas directrices para mejorar los contenidos de las guías docentes, “ganando en concreción y seguridad jurídica”, apunta. Igualmente, apuesta por un cambio cultural en la universidad “para generar una atmósfera laboral y académica favorable” evitando, en la medida de lo posible, aplicar métodos disciplinarios y sancionadores. Por último, tampoco olvida la necesidad de adaptar la normativa de organización y funcionamiento de la Defensoría a la nueva legislación universitaria y a los futuros Estatutos, así como la actualización de la base documental y la presencia digital de su Oficina.   

Miguel Ángel Iglesias Río

Cursó su Licenciatura en la Facultad de Derecho de Burgos, perteneciente entonces a la Universidad de Valladolid, en la que se doctoró en 1997 con la máxima calificación. Ya en la Facultad de Derecho de Burgos ocupó plazas de profesor contratado y Profesor Titular de Universidad, accediendo a la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos en el año 2017. Ha sido vicedecano de la Facultad de Derecho (1995-1997), secretario general de la Universidad de Burgos (2016-2021) y, en este momento, Defensor Universitario.

Ha desarrollado su actividad docente en las distintas asignaturas de Derecho Penal, así como en Programas de Doctorado y Máster y en Seminarios, Congresos y otros encuentros celebrados en varias Universidades españolas y latinoamericanas. Es autor de tres monografías completas (sobre causas de justificación y regularización en el delito de defraudación tributaria), así como de un amplio número de artículos doctrinales publicados en obras colectivas y revistas científicas especializadas y trabajos de coordinación de libros. Cuenta también con dos traducciones de trabajos alemanes.

A lo largo de esta trayectoria, ha abordado muy distintas problemáticas, de forma destacada, en materia de Derecho penal comunitario, corrupción y criminalidad organizada, negativa a someterse al test de alcoholemia, violencia doméstica, inmigración y expulsión de extranjeros, moderno Derecho penal en la sociedad del riesgo, eximente de anomalía psíquica, prescripción, retroactividad/irretroactividad, el arrepentido colaborador con la justicia, fraudes alimentarios nocivos, control telemático de las penas, mediación penal y justicia restaurativa, delitos contra la Hacienda Pública, contra la propiedad intelectual, publicidad engañosa, concepto penal de incapaz, delito de prevaricación, amnistía y Derecho penal autoritario. También ha realizado ocho estancias internacionales de investigación en Alemania y Francia y ha recibido el “Premio Hermes a la Investigación” otorgado por la Federación de Empresarios del Comercio de Burgos en 2012.