El pasado miércoles 20 enero fue presentado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio una Manifestación de Interés (MDI) con respecto a la puesta en marcha de un gran proyecto en el ámbito de la digitalización y la sostenibilidad. Este proyecto tiene como objetivo principal utilizar las nuevas tecnologías digitales para apoyar la aplicación de la economía circular a escala territorial. Esto implica una transición industrial hacia una simbiosis, en la que los desechos de uno se convierten en el recurso de otro, mediante la aplicación de nuevos procesos tecnológicos, como los materiales de base biológica. También implica innovaciones organizativas, no sólo en el plano industrial sino también en el plano social, todo un conjunto de trabajos se dedica a la participación de toda la población y de los empresarios locales.
Estos modelos se aplicarán en la provincia de Burgos, con un importante tejido industrial y un amplio territorio rural, pero también en otras de la misma comunidad autónoma. Además, las acciones se extenderán a otras comunidades autónomas como son Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco, validando el modelo en diferentes territorios en cuanto a población y densidad de población, tipología industrial, dispersión, etc.
El proyecto pretende generar simbiosis e impacto en todos los sectores industriales, que serán traccionados por cuatro sectores “piloto”: textil, agroalimentario, electrónica y sector público. Tras la identificación de oportunidades gracias al análisis de sostenibilidad, el modelo se abrirá a todos los sectores a través de un extenso programa de facilitación, mentorización e incubación de proyectos, generando ideas de negocio y de mejora industrial y seguimiento de estas iniciativas, que podrán ser financiadas dentro del propio proyecto a través de los llamados “fondos cascada”.
De los resultados esperados en el marco de esta propuesta, cabe destacar el positivo impacto ambiental que se puede alcanzar además del impacto económico del que se beneficiaran las empresas y organizaciones participantes, no sólo por la reducción de costes que conlleva una disminución de los residuos generados, sino también por la posibilidad de impulsar el carácter innovador de las empresas debido al alto valor añadido en I+D contemplado en el desarrollo de la propuesta. Las nuevas ideas y soluciones que surjan a problemas y necesidades identificadas, el aporte de nuevos conocimientos y desarrollos tecnológicos, el apoyo a través de una plataforma digital que facilite la optimización entre oferta y demanda, el acompañamiento y guía en la toma de decisiones, la creación de nuevos modelos de negocio y el acceso a financiación formarán parte en su conjunto de un ecosistema alrededor del concepto de economía circular que impulsará un tejido industrial cada vez más sostenible y competitivo.
En el ámbito social, la mejora de canales en la transferencia de conocimiento donde se incluyen la concienciación ciudadana y la formación, el apoyo en la incubación de nuevos modelos de negocio y la involucración en el consorcio de entidades sociales, que incorporarán mejoras en sus cadenas productivas en beneficio final de toda la sociedad, son otros factores a tener en cuenta. Por último y no menos importante, cabe destacar el impacto en el ámbito rural ya que un gran número de empresas ubicadas en estos territorios contribuirán a paliar el efecto de la despoblación, atrayendo empleo y fijando población.
Este proyecto cuenta con un consorcio de 33 actores implicados de 6 Comunidades Autónomas, liderados por la Universidad de Burgos, incluidas PYMES, grandes empresas, entidades sociales, administraciones locales y entidades generadoras de conocimiento, donde cada uno aportará su experiencia y buen hacer en las diferentes fases de la cadena de valor del proyecto.
Estas MDI se plantean para aprovechamiento de los Fondos de la Nueva Generación (Next Generation EU) que son un mecanismo financiero específico para paliar la crisis provocada por la pandemia Covid-19. Se trata de un instrumento temporal que, junto con el Marco Financiero Plurianual, pretende dar una respuesta eficaz a la crisis provocada por el coronavirus. En concreto, se trata de fondos por importe de 750.000 millones de euros, tanto en préstamos como en ayuda financiera no reembolsable.