Esta mañana FAE y la Universidad de Burgos han suscrito un contrato de colaboración para la realización de un estudio sobre la tributación empresarial en Burgos que despeje las incógnitas sobre la evolución de la recaudación tributaria empresarial en los distintos ámbitos territoriales y que sirva de análisis de la dimensión territorial de imputación de ingresos y gastos y de comparación sobre la incidencia en el sistema de financiación territorial. El objetivo, en definitiva, es saber si el sistema tributario es justo y cuál es la incidencia real en el tejido empresarial burgalés.
Se trata de cumplir con la idea del presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, Miguel Benavente, de contar con todos los datos relativos a la tributación de las empresas y de cómo afecta este sistema a la localización y a su competitividad. El estudio -denominado “La Tributación Empresarial en Burgos: Valoración, Impacto Económico y Efectos sobre la Competitividad”- ha sido encargado al grupo de investigación CADETE, integrado por diez profesores del área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Burgos, que intervendrán en la elaboración de este informe junto con profesores d eotros departamentos como Economía Aplicada o Contabilidad y Auditorías, y el economista y abogado Salvador Foronda, éste último se encargará del análisis de la tributación local.
Al acto de presentación de este proyecto asistió el tesorero y la secretaria de FAE, Ignacio San Millán y Emiliana Molero respectivamente, junto a los catedráticos José Luis Peña y Amable Corcuera, y el economista y abogado Salvador de Foronda.
Peña recordó que, según el artículo 31 de la Constitución, todos los españoles debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica mediante un sistema tributario justo. “Lo que FAE quiere –argumentó- es saber es sí el sistema tributario empresarial a nivel nacional y el sistema tributario a nivel local es justo o no y cuál es su aplicación concreta en el régimen tributario burgalés, así como los efectos y el impacto sobre la competitividad”.
Este profesor dijo que el estudio es la segunda parte de un trabajo de investigación que realizó la UBU junto a las universidades de Alcalá de Henares y de León en los años 2008 a 2010, que analizó el régimen fiscal en Castilla y León comparado con otras comunidades autónomas particularmente con el régimen foral. Lo que ahora se pretende –aclaró- es saber cuántos tributos pagan los empresarios, la valoración económica, cómo afecta a la economía de Burgos y a la competitividad de las empresas.
El informe permitirá marcar tendencias y saber por dónde debe ir la tributación en nuestro país. “Hacemos este estudio en una provincia que cuenta con 26.301 empresas, una tasa de natalidad del 6, 89 por mil y una tasa de mortalidad del 11, 27 muy alejada de las medias de España, lo que significa que el régimen fiscal debe servir también para mantener el interés de las empresas en Burgos y retener talento en la ciudad”.
Los investigadores recogerán y analizarán datos económicos y poblacionales, resultados de la recaudación en los impuestos estatales, autonómicos y locales. Los datos utilizados procederán de cifras, estudios y plataformas oficiales de las Administraciones recaudadoras y para su ponderación y análisis se propondrán comparativas con ciudades y territorios equivalentes y equiparables en ratios poblacionales, económicos y sociales. Se presentarán los datos de forma descriptiva y gráfica para facilitar el análisis y reflexión de los resultados del estudio en cuadros de recaudación estatal, autonómica, local, otras tasas e ingresos, tendencias normativas en los tributos empresariales. También se harán comparativas de normativa y recaudación, así como encuestas y se recogerán las opiniones empresariales.
Por su parte, el catedrático Amable Corcuera planteó que, pese a la complejidad, el estudio es necesario y supone un reto por las dificultades que plantea las estadísticas existentes que muestran datos contradictorios. Según el estudio “El consenso fiscal” realizado por la prestigiosa consultoría PwC y 900 expertos en la materia, entre los que está el profesor Corcuera, sólo el 2% del tejido empresarial piensa que la inspección tributaria es objetiva y más de la mitad de los encuestados afirma que la presión fiscal al empresario es alta.
Los expertos -catedráticos, responsables de fiscalidad y empresarios- consideran que la información que anualmente publica la Agencia Tributaria sobre el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades no refleja adecuadamente la presión fiscal que soportan las empresas en España. En concreto el 66% de los encuestados. Corcuera argumentó que más del 50% piensa que la presión fiscal es alta y, de forma abrumadora, pensamos –aseguró el catedrático de Derecho Financiero y Tributario- que el sistema tributario es muy complejo y que la coexistencia de varios sistemas tributarios en nuestro país es “muy perjudicial”. En este cúmulo de percepciones, concluyó que casi la mitad de los expertos “pensamos que el sistema tributario no favorece la actividad emprendedora, ni la investigación y el desarrollo, ni la inversión empresarial”.
Corcuera señaló, por último, que las empresas soportan una carga impositiva muy superior a la del resto de los países europeos.
El objetivo de los investigadores, según manifestó Peña, es la creación de un Observatorio permanente de la Tributación del empresario burgalés, un instrumento que permita actualizar los datos todos los años. El estudio se terminará en la primavera del año 2020.
Por la dedicación a esta investigación, José Luis Peña justificó la presentación de su dimisión como vicerrector de Emrpesa y Empleabilidad. “He presentado la dimisión para dedicarme exclusivamente a este trabajo”, señaló.