La magistrada/juez de lo contencioso Administrativo nº1 de Burgos, Patricia Fresco Simón, ha afirmado que la mediación contencioso administrativa es un instrumento ágil y eficaz que permite a los ciudadanos confiar más en las administraciones, durante su intervención en el Curso de Formación Continua en Mediación de la Universidad de Burgos
Desarrollar la mediación en el ámbito contencioso administrativo contribuirá a que los ciudadanos ganen confianza en las administraciones ya que pueden ver reconocidas sus peticiones, sobre todo con la Administración local que es la más cercana a sus preocupaciones, según indicó la magistrada a los veintiún profesionales mediadores (abogados, procuradores de los tribunales, graduados sociales) que participan en el Curso de Formación Continua en Mediación, dirigido por la Catedrática de Filosofía del Derecho de la UBU Nuria Belloso, y coordinado por la profesora Amaya Suárez Malexechevarría.
Patricia Fresco Simón explicó que la mediación contencioso administrativa busca compatibilizar la protección del interés general, con pleno respeto a los principios de indisponibilidad y legalidad con la satisfacción del interés particular, acercando al ciudadano a las Administraciones públicas, y en lo que a la vía intrajudicial se refiere, permite hacer de la Justicia un instrumento ágil y eficaz, propio de una sociedad moderna, del siglo XXI, más comunicativa y accesible, basada en el diálogo y en la búsqueda del equilibrio entre partes, no sólo en el conflicto y la continua confrontación.
A su juicio, desarrollar la mediación en el ámbito contencioso administrativo (MECA) contribuirá a que los ciudadanos ganen confianza en las administraciones, ya que pueden ver reconocidas sus peticiones en el curso de un proceso en el que serán oídos haciendo propuestas sobre la forma más adecuada de atender a su pretensión, respetando los principios propios de salvaguarda del interés público, lo que se visibiliza especialmente en el ámbito local que resulta ser el más próximo a los ciudadanos por inevitables razones de vecindad.
La Administración Pública, por su parte, gana reconocimiento ante los ciudadanos por su labor de gestión y esfuerzo en darles intervención en el expediente iniciado, mejora su imagen haciéndola más accesible y a través de la MECA logran evitar el desgaste político y social de la imagen que representa en un proceso, tan dilatado y costoso, como puede ser el contencioso administrativo y que, a veces, trasciende a la opinión pública sin alcanzar finalmente la efectividad práctica que sería deseable.
La Mediación contencioso administrativa ya es un hecho y ha dado respuesta a situaciones impensables y “casi sin salida” en asuntos de urbanismo, problemas vecinales, actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, se ha revelado especialmente útil en un ámbito muy específico del procedimiento judicial como es el de la ejecución de sentencias, siendo propio también en asuntos sobre responsabilidad patrimonial o contratación con las Administraciones públicas y en todos aquéllos en los que el margen de actuación discrecional de la Administración permita dar cabida a la interacción del administrado.
Esta intervención coincide con la aprobación, el pasado martes, del “Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia” (APL) del Gobierno de España, una reforma, que pretende dar respuesta al incremento de la litigiosidad que ha provocado la pandemia, a través del impulso de “otros medios adecuados de solución de controversias, como es la mediación", según ha indicado la Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Burgos, Nuria Belloso Martín.
Este curso ha querido abordar y profundizar en esta materia, ya que supondrá un cambio de paradigma en la forma que hasta ahora se venía trabajando para gestionar los conflictos, haciendo realidad una cultura de la negociación y el acuerdo. Los operadores jurídicos de Burgos, ha destacado la Profesora Belloso Martín, cuentan con un elevado conocimiento y dilata experiencia en mediación, lo que permite afirmar que, fruto de su talante cooperativo en la gestión de los conflictos, están adecuadamente preparados para trabajar en la línea pacificadora que promueve la APL.
El Gobierno pretende, con este Anteproyecto, recuperar la capacidad negociadora de las partes, descargando a la Administración de Justicia de litigios a través del impulso de “otros medios adecuados de solución de controversias” (actividad negocial, conciliación privada, oferta vinculante confidencial, opinión del experto independiente y la mediación). Entre las novedades que se encuentran en este APL se destaca que, para los asuntos civiles y mercantiles, será preceptivo adjuntar a la demanda el documento que acredite que se ha intentado una negociación/mediación previa a la vía judicial. Si se alcanzara un acuerdo, tendrá la misma validez que si el litigio hubiera sido resuelto por un juez, como cosa juzgada para las partes, sin que se pueda presentar demanda con igual objeto.
En el preámbulo del APL se indica que quedan excluidos de esa Ley, las materias concursal, laboral y penal y los asuntos de cualquier naturaleza en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al Sector Público, y ello a la espera de la futura regulación de estos mismos medios adecuados de solución de controversias en el ámbito administrativo y en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, lo que requiere de un instrumento legislativo propio y diferenciado.
Una apuesta por la mediación
Aunque la regulación de la Mediación contencioso administrativa -MECA-, no se ha incluido en este APL, y habrá que esperar hasta que el Ministerio de Justicia la dote de una Ley específica, la profesora María Cristina Cabrero García, docente del Curso y especialista en MECA, ha señalado esta tarde que el CGPJ ha apostado hace años por la Mediación también en este ámbito.
Por ello, en sus Guías de mediación intrajudicial, de 2013 y de 2016, está incluida la mediación contencioso administrativa. Hay -recordó- varias experiencias de MECA en Murcia, Canarias, Barcelona, A Coruña, Madrid, Valencia y a ellas, se ha sumado recientemente Valladolid, encontrándose en fase de puesta en práctica. Todas ellas se están desarrollando gracias a la actitud decidida de jueces, y demás operadores jurídicos, abogados, procuradores, mediadores y administraciones públicas que han comenzado a poner en valor esta vía alternativa de resolución de conflictos dentro de la estrategia de defensa de sus clientes, debiendo destacar la especial preparación de los mediadores que en este ámbito tan complejo y extenso requiere de conocimientos materiales específicos y técnicas adecuadas en la búsqueda del necesario equilibrio entre el interés particular y público que precisa el abordar los conflictos administrativos y contencioso administrativos.
Además de que, en su caso, se apruebe el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, con el sustancial cambio que supone que la mediación será obligatoria antes de presentar la demanda ante los tribunales, habrá otras áreas en las que el mundo de la judicatura, operadores jurídicos y mediadores, tendrán que seguir trabajando para que la mediación sea una realidad. La Universidad de Burgos seguirá impartiendo este tipo de formación con el propósito de contar con profesionales especializados y siempre actualizados para poder dar el mejor servicio a la sociedad.