La Jornada de Jóvenes Investigadores en Derecho se puso en marcha en 2023, fruto de la colaboración permanente y buena sintonía existente entre las Facultades de Derecho de las universidades públicas de Castilla y León. La primera edición se celebró en Valladolid y, tras la celebrada recientemente en Salamanca, el próximo año será el turno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos.
La segunda edición reunió bajo el título Medio rural: despoblación, agricultura, alimentación y energía a docentes e investigadores que trabajan en aspectos relacionados con el mundo rural, para compartir sus avances científicos y buscar sinergias de colaboración con las que afrontar el reto de la sostenibilidad demográfica y territorial que presentan los pueblos de nuestra comunidad autónoma.
La inauguración de esta II Jornada de Jóvenes Investigadores en Derecho, celebrada el pasado día 21, en la Universidad de Salamanca, congregó a los cuatro decanos de las Facultades: Fernando Carbajo Cascón, por la USAL; Javier García Medina, por la UVA; Salvador Tarodo Soria, por la ULE y Santiago A. Bello Paredes, por la UBU.
En total se celebraron cuatro meses redondas con cerca de 30 ponentes. La primera de ellas, “Mesa multidisciplinar sobre despoblación”, estuvo moderada por el decano de la Facultad de Derecho de la UBU, Santiago Bello Paredes, y contó con la profesora Marta Méndez Juez, del Área de Ciencia Política y de la Administración de la UBU. Esta investigadora presento los avances del proyecto “Políticas públicas y reto demográfico: la importancia de institucionalizar la evaluación”.
La mesa redonda dedicada a la cadena alimentaria y las soluciones integradas desde el ámbito jurídico, también contó con representación de la UBU. En este caso la Teresa Rodríguez Cachón, presentó la ponencia titulada “Con la comida no se juega; la matemática de los alimentos”.
En los próximos meses, se publicará un libro colectivo con los trabajos presentados en esta Jornada, para que estas ideas innovadoras puedan orientar las decisiones de las instituciones político-administrativas con competencias en la materia.
