El su reunión de hoy, celebrada por primera vez en La Estación de la Ciencia y la Tecnología, el Consejo de Gobierno de la UBU ha aprobado su Plan de Medidas Antifraude, cuyo objetivo es establecer y adaptar las medidas de control antifraude para lograr que la Universidad de Burgos sea una institución modélica en la implantación de políticas contra el fraude en el ámbito de la gestión contractual pública, la ejecución del gasto, la gestión de subvenciones y los recursos humanos.
En especial, este Plan pretende establecer las principales actuaciones que deben adoptarse para evitar el mal uso o el fraude en los recursos financieros procedentes de la Unión Europea, principalmente, los correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de prevenir, detectar y establecer medidas correctoras para que estos recursos no se malgasten y cumplan con los importantes fines para los que están asignados.
El Plan tendrá una duración indefinida, aunque se revisará bienalmente de forma periódica. La evaluación del riesgo, impacto y probabilidad del riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución se revisará cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en algún procedimiento o en el personal.
Igualmente, los miembros del Consejo de Gobierno han dado el visto bueno por unanimidad a la creación de dos nuevas cátedras. Una de ellas, que se pondrá en marcha en colaboración con el Instituto Tecnológico de Castilla y León, con el que la UBU firmará un convenio el próximo viernes 16 de diciembre, estará dedicada a la investigación en Inteligencia Artificial. La segunda cátedra, ésta en colaboración con el Rotary Club, tiene por objeto la investigación sobre la poliomelitis, centrándose en los enfermos del denominado síndrome pospolio.
En asuntos de Docencia y Enseñanza Digital, el Consejo de Gobierno ha aprobado la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de las enseñanzas oficiales de grado y máster, mientras que en el ámbito del Vicerrectorado de investigación, los consejeros han dado luz verde a una normativa sobre retribuciones mínimas del personal investigador contratado, actualmente cerca de 350 profesionales, para adaptarse al Estatuto del Personal Investigador en Formación, y a la creación de una Escuela de Formación para investigadores que deseen optar a proyectos del European Research Council Starting Grants.