El espacio judicial europeo, lejos de agotarse en su regulación, posee una 'vis atractiva' para abarcar cada vez mayores campos de la actividad penal, procesal y sustantiva, según ha indicado la catedrática de Derecho Procesal Mar Jimeno tras la celebración en la Universidad de Burgos de las jornadas “Espacio Judicial Europeo y Proceso Penal” en el marco de la red Universitaria España e Italia, de cooperación internacional, del que forman parte las universidades Seconda Università di Napoli, Università degli Studio di Milano, Università degli Studi Roma Tre, y las universidades de Sevilla, Burgos y Huelva.
Mar Jimeno subraya que el balance del encuentro ha sido muy positivo, ya quese pusieron de manifiesto la cada vez mayor extensión del campo de actuación del espacio judicial europeo, por cuanto, desde el inicial objetivo de cooperación judicial y policial perseguido por las instituciones europeas haciendo uso del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, ahora se abarcan otras materias y sujetos como es el caso concreto de la protección de la víctima y derechos procesales del imputado a partir del principio de aproximación legislativa, esto es, 'armonización' de las distintas normas nacionales, tanto de carácter sustantivo como procesal en materia penal.
Prueba de ello es el dictado de normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos objeto de transposición en nuestro país mediante la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito y, también, en materia de protección de derechos procesales del imputado, directivas promulgadas en 2016 por el Parlamento europeo y del Consejo en materia de presunción de inocencia, garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales y asistencia jurídica gratuita..
Entre las conclusiones, Mar Jimeno recuerda además la creciente incidencia de la normativa procesal europea en las normas procesales nacionales, "especialmente en el seno del proceso penal siendo un buen ejemplo las recientes reformas de la Ley de enjuiciamiento criminal a partir de Leyes Orgánicas 5/2015, de 27 de abril, y 13/2015, de 5 de octubre. A partir de ambas tuvo lugar la adaptación de las tres primeras directivas dictadas en materia de protección de derechos procesales del imputado como son: Directiva 2010/46/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales; Directiva 2012/13/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información de los procesos penales y Directiva 2013/48/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales. Por tanto, concluye la catedrática de Derecho Procesal “el espacio judicial europeo para nada permanece ajeno al proceso penal nacional sino todo lo contrario, cada vez se encuentran ambos más integrados e imbricados en su relación”.
La temática de la jornada se articuló en torno a tres ejes fundamentales del proceso penal dentro del ámbito de la Unión Europea: la investigación del hecho delictivo, los derechos procesales del imputado y la protección de la víctima, que abordaron expertos italianos y españoles. Su examen se realizó desde la doble perspectiva europea y nacional.
La profesora Mar Jimeno es una reconocida especialista en Derecho Procesal y en estos momentos trabaja en los proyectos europeos “Un paso adelante en la consolidación del espacio judicial europeo y su aplicación práctica en España: visión desde el proceso civil y penal” financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y “Best practices for EUROpean COORDination on investigative measures and evidence gathering”, de la Comisión Europea, DG Justicia.
Jimeno dirige el grupo de investigación CAJI (Cooperación en Asuntos de Justicia e Interior) creado en el año 2003 con el objetivo de estudiar y analizar los diferentes instrumentos o mecanismos procesales puestos a disposición en la legislación de la Unión Europea para hacer posible la colaboración entre jueces y tribunales de los Estados Miembros en el curso del proceso, tanto en el ámbito del orden jurisdiccional civil como penal a partir del Tratado de Maastricht y hoy actualizada bajo la denominación "espacio judicial europeo” después de la firma del Tratado de Lisboa.
