Los rectores y rectoras posponen la elaboración del informe sobre la LOSU

Las universidades españolas han decidido no atender la petición del ministro de Universidades, Manuel Castells, de emitir un informe sobre el Anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). No, al menos, hasta que el Ministerio presente un documento definitivo.

En el transcurso del Consejo de Universidades celebrado ayer, el presidente de Crue, José Carlos Gómez Villamandos, con el respaldo unánime de de los rectores y rectoras del Sistema Universitario Español, expresó ayer a Castells la «frustración» de las universidades ante un texto supuestamente reformador que se esperaba con «optimismo e ilusión» y que ahora ven que «no es lo suficientemente innovador para el nivel de transformación socioeconómica que requiere España».

Gómez Villamandos ha planteado que la elaboración del informe preceptivo se posponga a la siguiente sesión del órgano consultivo, en la que se espera disponer de un texto concluyente y comunicó al ministro que «la necesidad de mayor autonomía y mayor financiación para internacionalizar, modernizar y hacer más competitivas a las universidades no ha sido abordada con decisión» en el anteproyecto y que si realmente se quiere que las universidades españolas empiecen a colocarse entre las 100 mejores del mundo, es imprescindible dotarlas de una financiación específica –con un plan de incremento de gasto público específico para la educación universitaria– y acorde con los resultados que se exigen. «Lo contrario sería injusto y absurdo».

El presidente de Crue Universidades Españolas criticó la «excesiva reglamentación», obviando la realidad de un sistema universitario muy heterogéneo en el que las universidades necesitan flexibilidad para adaptarse, y que se hayan «quedado atrás» las reformas dirigidas a hacer más eficiente el gobierno de las universidades. Denunció igualmente que el anteproyecto no genere unidad «sino todo lo contrario», porque hace una «distinción innecesaria, llegando a obviar sentencias del Tribunal Constitucional sobre los derechos y deberes de todo el estudiantado». Y lamentó, también, que se haya roto la trayectoria de consenso en las negociaciones previas de los reales decretos y leyes desarrolladas durante estos meses.

Gómez Villamandos pidió al ministro que «no tenga prisa», porque no se trata de «tener una ley a toda costa», sino de consensuar una «buena ley que acerque a las universidades españolas a Europa y las haga más competitivas y eficientes». El presidente de Crue quiso recordar a Castells que desde la Conferencia de Rectores se elaboró la estrategia «Universidad 2030» en la que se identificaban los retos y objetivos del Sistema Universitario Español, y el camino y las herramientas necesarias para superarlos, y que, pese a que este documento se hizo público en un acto en el que participaron el propio Castells y el entonces ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, se ha hecho caso omiso del criterio de la comunidad universitaria. «Lo tenían fácil», interpeló el presidente de Crue al ministro de Universidades.

El presidente de Crue terminó su intervención pidiendo a Castells que la LOSU se redacte «desde la base de la confianza» porque la Universidad necesita un marco flexible que le permita adaptarse a las demandas de la sociedad y una financiación suficiente, duradera y estable para mantener políticas de igualdad de oportunidades en todo el territorio español.

Crue reclama más recursos para captar y retener talento y para ser más competitivos en los grandes proyectos europeos y defiende que «la Universidad está para mejorar la calidad de vida de la sociedad y debe entenderse como una inversión para impulsar el bienestar de todos, no como un gasto». De no cambiar ese enfoque, Gómez Villamandos advierte del riesgo que corre España de «volver a salir de las crisis diez años después de que lo hayan hecho los países más desarrollados».