Nota de prensa sobre la sentencia relativa a la Escuela de Relaciones Laborales

La Universidad de Burgos espera que la reversión de los estudios a la Escuela de Relaciones Laborales siga garantizando a los alumnos una formación con plenas garantías y seguridad académicas

En contra de lo que ocurría en 2009, en la actualidad no resulta posible integrar a profesores que no estén acreditados para las categorías docentes universitarias contempladas en la Ley Orgánica de Universidades

La ejecución de un proceso de integración de la Escuela de Relaciones Laborales en la Universidad de Burgos resulta inviable

La Universidad de Burgos, tras la sentencia dictada el pasado 22 de enero por la Sala 1ª de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuyo fallo anula la Orden de la Consejería de Educación del 27 junio de 2017 que autorizaba a la Universidad de Burgos la modificación del  plan de estudios del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, con el fin de impartir de forma progresiva los sucesivos cursos de esta titulación en la Facultad de Derecho, manifiesta lo siguiente:

1º Reiterados acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Burgos, adoptados por unanimidad de todos los grupos políticos municipales desde el año 2015 al 2017, han establecido una progresiva reducción, hasta su supresión definitiva, de la aportación económica municipal al Patronato de la Escuela de Relaciones Laborales. Ello compromete seriamente el porvenir de esta Escuela adscrita a la Universidad de Burgos y las condiciones académicas que deben garantizar la impartición del Grado mencionado con los niveles académicos deseables.

2º Ante esta situación de incertidumbre, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, al disponer de profesorado e infraestructuras suficientes para asumir con plenas garantías la docencia de esta titulación y con el compromiso expreso de financiación adicional por parte de la Junta de Castilla y León, acordó comenzar a impartir dicho título en la Facultad de Derecho, ejerciendo su responsabilidad institucional con el objetivo de salvaguardar el interés superior que representa la prestación de un servicio público de educación superior, consagrado en la Constitución Española.

3º La Universidad de Burgos acata, como no puede ser de otra manera, la mencionada sentencia judicial, que en estos momentos impide a la Facultad de Derecho impartir ese grado, reiterando, mientras sea posible, su compromiso de que los estudiantes matriculados puedan cursar estos estudios con normalidad. Además, manifiesta su deseo de que la reversión de los estudios a la Escuela de Relaciones Laborales siga garantizando a los alumnos su formación con plenas garantías y seguridad académicas.

4º Por último, si bien es cierto que la Universidad de Burgos manifestó en 2009 su deseo de integrar al profesorado de la Escuela en la Universidad, no lo es menos que en aquel momento la legislación universitaria contemplaba figuras contractuales que lo permitían y que han desaparecido de la legislación vigente. Por ello, en la actualidad no resulta posible integrar a profesores que no estén acreditados para las categorías docentes universitarias contempladas en la Ley Orgánica de Universidades, tal y como establece la normativa de carácter estatal. En consecuencia, la ejecución de un proceso de integración resulta de todo punto inviable.