El rector, la Comisión de Política Universitaria y el defensor universitario presentan al Claustro sus informes del curso 2024-2025

La Defensoría Universitaria atendió 154 casos el pasado curso, el 81% procedentes del alumnado

El rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, el defensor universitario, Miguel Ángel Iglesias, y la portavoz de la Comisión de Política Universitaria, Marta Skaf, han presentado ante el Claustro sus informes correspondientes al curso 2024/2025.

García ha reconocido las “intensas deliberaciones y la voluntad de consenso” que han caracterizado el trabajo de la Comisión de Reforma de los Estatutos, de la que ha salido “un texto mejorado enormemente sobre el inicial” y que actualmente se encuentra en fase de exposición pública, así como el trabajo realizado en la Comisión para la implantación del título de Medicina, cuyo trabajo en colaboración del Colegio de Médicos, hará posible que este grado comience a impartirse el próximo mes de septiembre. En este ámbito, José Miguel García ha destacado el compromiso alcanzado con la Junta de Castilla y León para obtener más de 23 millones de euros para infraestructuras que se destinarán, en buena, a la puesta en marcha de esta titulación, cuya ubicación final será el hospital Divino Valles tras arrancar en el Hospital Militar.

El rector de la Universidad de Burgos ha puesto también de relevancia el fortalecimiento de la plantilla de PDI con 104 nuevas incorporaciones, así como “incontables” convocatorias de plazas de profesores asociados y sustitutos. En este sentido, desde la Comisión de Política Universitaria, Marta Skaf Revenga, ha alertado sobre la necesidad de afrontar el relevo generacional del personal, para lo que ha propuesto la elaboración de un Plan Estratégico de Personal, así como la conveniencia de cumplir con el calendario establecido en la modificación de la RPT, algo que, como ha puntualizado posteriormente el rector, no depende únicamente de la Universidad sino del momento en el que se produce la aprobación de la misma por parte de la Junta de Castilla y León. La Comisión ha señalado también la posibilidad de reforzar la plantilla en algunos servicios específicos, como el Vicerrectorado de Docencia y Profesorado y la Asesoría Jurídica, y disminuir la ratio de profesorado para mantener el nivel de excelencia, para lo que sugieren la creación de un Plan Estratégico de Docencia.

Tanto el rector como la Comisión de Política Universitaria han subrayado el buen nivel investigador alcanzado en la UBU, mencionado como ejemplos la labor desarrollada por la Unidad Conjunta de Drones (JRU Drones), el Centro de Escalabilidad en el Desarrollo de Edificaciones y Construcción Eficientes (CEDEC), la Biblioteca y su gestión del Portal de Investigación, la Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i-UBU), la puesta en marcha del IbioBurgos o iniciativas como la Jornada de Doctorandos.

Igualmente, se ha valorado de manera positiva la creciente internacionalización de la UBU, lograda entre otras cosas gracias a la pertenencia a la alianza RUN-EU, si bien desde la Comisión de Política Universitaria se ha requerido mayor coordinación a la hora de programar las movilidades de manera que no interfieran con momentos lectivos de especial importancia.

El rector ha señalado también la relevancia del proyecto de construcción de cerca de mil alojamientos para estudiantes con la colaboración del ICO en lo que supone “la primera iniciativa de este tipo llevada a cabo desde una administración pública española”. 

Balance de la Defensoría Universitaria

Por su parte, el defensor universitario, Miguel Ángel Iglesias, ha presentado el balance de la Defensoría Universitaria. Así, ha señalado que en el curso 2024-2025 se registraron 154 casos (33 más que en el curso anterior), de los que el 90% se presentaron por vía telemática (correo electrónico o móvil), lo que, considera, “prueba la simplificación y facilidad de comunicación con la Defensoría”.

Como viene ocurriendo de manera inalterada desde hace cerca de diez años, la gran mayoría de las notificaciones (81% en este último curso) proceden del estudiantado, siendo las Facultades de Ciencias de la Salud, Derecho y la Escuela Politécnica Superior de donde proceden la mayoría de los casos, mientras que la Facultad de Educación es la que menos casos registra. En cuanto a los Grados en los que se han detectado mayor número de notificaciones, éstos son Ingeniería Informática y Psicología, ambos de modalidad mixta online-presencial, lo que evidencia que este tipo de titulaciones suponen una mayor complejidad. Por otro lado, en los casos que hacen referencia a PDI o PTGAS, se han registrado “variaciones moderadas pero que reflejan una menor demanda”, indica el defensor, haciendo en su mayoría alusión a de temas laborales y de convivencia. 

En su presentación, Miguel Ángel Iglesias ha puesto en valor la constitución de la “Comisión de Convivencia” de la UBU en octubre de 2024, de la que la defensoría pertenece con voz y sin voto, y que en este curso se ha reunido en tres ocasiones, y ha asegurado que la Universidad de Burgos registra uno “niveles de conflictividad muy razonables”, lo que, sin embargo, “no debe llevarnos a una relajación ante ellos”. Del mismo modo ha calificado como un “motivo de orgullo” la posición de liderazgo de la Universidad en muchos aspectos de investigación y docencia, así como el “alto rendimiento de personal y el apoyo de técnicos y administración, lo que augura buenas expectativas a las nuevas titulaciones”, ha asegurado. 

Igualmente ha animado a la comunidad universitaria a “mantener despierto el espíritu autocrítico”, y a prestar especial atención desde la Comisión de Convivencia a áreas que de manera recurrente copan la mayor parte de las reclamaciones, como las guías docentes o la evaluación. Por último, ha señalado, entre otros, el compromiso de la Defensoría Universitaria a atender a los resultados de las encuestas de satisfacción que actualmente se están llevando a cabo y a establecer un sistema o protocolo unificado para centralizar la recepción de las solicitudes para su posterior derivación al órgano competente.