En el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos se ha celebrado una asamblea para analizar la situación en la que se encuentran las 39 personas con contratos predoctorales en la UBU y 8 del CENIEH tras haberse modificado su relación contractual.
El representante de este colectivo Pablo Calvín, de la asamblea nacional de Dignidad Investigadora, argumenta la necesidad de defender sus derechos agrupados en el movimiento nacional iniciado por este colectivo para mejorar sus condiciones laborales y reconocimiento de sus derechos. Entre otras cuestiones, reclaman que se modifique el futuro Estatuto de Personal Investigador en Formación (EPIF) y que se equiparen los contratos predoctorales a la modalidad de ayudantes.
La finalidad de la asamblea era informar a la comunidad universitaria sobre las ‘negociaciones’, que desarrolla el SEIDI con la finalidad de equiparar al investigador predoctoral con el resto de trabajadores por obra y servicio y evitar la discriminación con respecto al resto de trabajadores.
Según relata Pablo Calvín Ballester: “En septiembre de 2015, los contratados predoctorales de toda España sufrieron, sin previo aviso, un cambio en los contratos con efecto retroactivo; al pasar de ser un contrato de obra y servicio (código 401) a un contrato en prácticas (código 420). Cabe decir que un contrato en prácticas de cuatro años (la duración de los mismos para la realización de la tesis doctoral) es ilegal, estando limitada la duración de los mismos a 2 años, (https://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/contrato_en_practicas.html)”.
De manera simultánea, Calvín afirma había investigadores que se estaban organizando para solicitar el derecho a cobrar la indemnización por finalización de contrato. “A falta de un estatuto propio, los contratos por obra y servicio se rigen por el estatuto de los trabajadores, de modo que si no se indica lo contrario en el contrato, deberíamos tener derecho al mismo. Sin embargo, los centros de investigación y las universidades suelen especificar que dichos contratos no gozan del derecho a indemnización por fin de contrato debido a que se encuentran bajo la relación laboral de carácter especial 9921 y que son contratos en formación”.
La confluencia de estos dos puntos favoreció la creación durante 2017 de asambleas de Dignidad Investigadora en distintas ciudades de España (algunas de ellas ya estaban creadas con anterioridad). La finalidad, luchar contra la pérdida de derechos que conllevaba el cambio de contrato. Finalmente, se revierte el cambio, y se vuelve a los contratos predoctorales por obra y servicio.
Con la ley de la Ciencia, (Ley 14/2011, 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI)) se pretende regular y modernizar la situación del personal investigador. Según la Disposición adicional segunda, Estatuto del personal investigador en formación, el gobierno se compromete a elaborar el nuevo EPIF en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia:
“En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno elaborará un estatuto del personal investigador en formación, que deberá someterse a informe previo del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. Dicho estatuto sustituirá al actual Estatuto del personal investigador en formación, e incluirá las prescripciones recogidas en la presente ley para el contrato predoctoral”
Pero hasta 2017 no se comienza con el mismo. En su redacción se crea una mesa de negociación entre la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (SEIDI), Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), las asambleas de Dignidad Investigadora (constituidas en 2017 por todo el estado español), los sindicatos y otros representantes del Personal Investigador en Formación (PIF).
Por un lado, desde una visión jurídica, atendiendo al contenido de dicho Derecho en su vertiente individual así como en su vertiente colectiva, y la tutela jurídica del mismo; por otro lado, desde una visión sociológica, refiriéndose a la repercusión en el ámbito social de la diversidad religiosa, haciendo una comparativa con otros países de nuestro entorno. Igualmente, desde la observación de los datos de que se dispone, realizó un análisis económico de la libertad religiosa, señalado la repercusión económica en la sociedad de la actividad desarrollada por las diferentes confesiones religiosas. En la exposición planteó a quién corresponde la gestión de la libertad religiosa, haciendo referencia a las partes implicadas en la promoción y garantía del Derecho de Libertad Religiosa, dando además una visión práctica de los aspectos señalados.
Esta actividad se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución Española de 1978 con el propósito de que sirva para divulgar los valores de la Carta Magna entre los estudiantes universitarios y la sociedad en general.
años estudiantes de la Western Michigan University (EE.UU.), participan durante un cuatrimestre en los Curso de Español y Cultura hispánica organizados por Cursos Internacionales del Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación de la Universidad de Burgos. Se trata del Programa Internacional más antiguo de la institución académica burgalesa.
Los alumnos tendrán 90 minutos para contestar 40 cuestiones tipo test y, después de un descanso de 15 minutos, dispondrán de otros 90 minutos para resolver 4 problemas.
El concurso ‘Desafío Universidad-Empresa’, que fomenta proyectos de I+D+i en colaboración con empresas de su entorno a partir de necesidades científico-tecnológicas identificadas previamente desde el sector empresarial, otorga hasta 45.000 euros en premios a través de cuatro premios y un accésit. El concurso cuenta con el patrocinio de Banco Santander- y forman parte de la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020, a través del cual se identificaron alrededor de 260 demandas tecnológicas empresariales que están en el origen de al menos 62 proyectos conjuntos I+D+i universidad-empresa.
